MEDIACIÓN PENAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Preguntas frecuentes

¿Para quién es este curso?

Mediadores prejudiciales, mediadores judiciales y todo profesional interesado en el tema.

¿A quién le sirve este curso?

A todos aquellos interesados en adquirir técnicas y habilidades específicas de Mediación en temas penales

Esta formación está dirigida a todos aquellos interesados en adquirir técnicas y habilidades específicas de resolución de conflictos como ser:

• Responsables de instituciones que contribuyan a la pacificación (Centros vecinales, Educativos, Religiosas, Deportivas, Familia, etc) para actuar o desempeñarse como mediador especialista en resolución de conflictos en cualquier ámbito que no sean los estrados judiciales (educación, colegios, empresas, organizaciones, entes oficiales, organismos públicos, sanidad, psicología, seguridad, etc.).

• En el campo de la mediación penal , en comunidades marginales, ayudando a la construcción de redes, existiendo así posibilidades para Lic. en Serv. Sociales, Psicólogos, Psicólogos Sociales, Sociólogos, Docentes, Psicopedagogos, Lic. en Ciencia de la Educación, Lic. en RRHH, Médicos o Personal de la Salud, Penitenciario, Policial etc.

¿Necesito conocimientos previos?

Ninguno. Pero se aconseja tener realizada la Formación Inicial en Mediación.

¿Qué certificación otorga? 

Otorga doble certificación:

Certificación 1: Expedida por Formación Ejecutiva Instituto como “Especialista en Mediación Penal”

Certificación 2 : Homologada por Ministerio de Justicia de la Nación. Homologa 30 hrs como curso de Capacitación Continua en Mediación Otorgada por institución Nro 37 Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria

¿En dónde se aplica?

La justicia penal es sin dudas el nivel más fuerte de intervención estatal en a conflictividad social, y por ende, debe ser el último recurso. Sin embargo, suele ser el primer nivel al que se recurre ante un problema, con lo que se genera una suerte de inflación penal que en muchos casos sólo cumple propósitos simbólicos.
Ante la crisis de los mecanismos de intervención tradicionales, como así también frente a la imposibilidad de la justicia penal de solucionar el conflicto, y ante la falta de dictado de una norma respectiva sobre modos de mediación o conciliación penal; con la intención además de hacer menos lesiva la reacción estatal, se han desarrollado mecanismos alternativos de resolución para los conflictos de menor intensidad. Estas distintas variantes surgieron en principio desde el propio Poder Judicial y por otro lado desde instituciones oficiales y no oficiales.

Desde el Poder Judicial porque ante la gran cantidad de causas que saturan los escritorios y la justa y permanente demanda por parte de la sociedad de una mayor celeridad en los procesos, obligó al Ministerio Público a iniciar un camino en la búsqueda de llevar soluciones a aquellos casos que únicamente engrosaban las estadísticas, pero que concretamente jamás llegaban a una resolución.

Y al hablar de otras instituciones oficiales hay que hacer hincapié en las diversas experiencias que fueron apareciendo en barrios y municipios. Esto se debe a que la demanda de la población generalmente tiene como primer lugar de acceso los organismos públicos comunales. Así, las municipalidades, concejos deliberantes, consejos escolares, universidades, colegios de abogados, pasaron a ser depositarios de conflictos vecinales y familiares, y debieron adecuar su funcionamiento para el tratamiento, orientación y derivación de la demanda.

El Propósito: Entendiendo que debe darse cada vez más importancia a la resolución de conflictos en forma alternativa, debido a la complejidad de las interacciones legales que existen sin resolver.
Hoy en día hay infinidad de situaciones litigiosas que se encuentran en una zona límite difusa; sea por la pena a aplicarse por el delito del que se trate, o bien por hechos en los que no está claro que la conducta desplegada caiga bajo una sanción penal o donde la ausencia de pruebas anticipa el fracaso inexorable del proceso penal.
En estos casos, si la víctima acude al sistema y realiza una denuncia, una vez iniciada la investigación, su problema podrá ser procesado en forma inadecuada y terminará simplemente siendo expulsado, es decir, (archivado, reservado, desestimado, prescripto), sin que la persona afectada haya obtenido alguna respuesta satisfactoria emanada del órgano competente. 

También se debe considerar que un número mínimo de casos llega a juicio y que muchas veces ni siquiera son los más relevantes o los de mayor repercusión social.
Este tipo de situaciones, provocan una sensación de frustración en la víctima y de impunidad en toda la comunidad que ha llevado progresivamente al desprestigio ya la deslegitimación del sistema y de la justicia penal. En atención a lo expuesto, el presente programa impulsa la mediación penal a implementarse debe partir de las experiencias que se vienen llevando a cabo en los distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires como por ejemplo San Martín, Mercedes y otras similares a nivel local (Justicia Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Centro de Mediación Penal de la UBA en Palacio de Tribunales de Capital Federal; etc.).
La capacitación continua es una herramienta de desarrollo personal y profesional indispensable para todas aquellas personas que quieran llevar adelante una excelente gestión de su trabajo, y mejorar el desempeño.